El pasado 4 de diciembre de 2025 se publicó en el BOE la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible, una norma que ha entrado en vigor de forma inmediata y que supone un antes y un después para las administraciones y empresas del sector transporte.
Más allá de la regulación del tráfico, esta ley introduce modificaciones críticas en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), especialmente en lo relativo al control jurisdiccional de los contratos.
1. El Recurso Especial llega al transporte (D.F. Séptima)
La novedad más relevante es la introducción del Recurso Especial en materia de contratación para estos contratos. Esto garantiza una mayor seguridad jurídica y una tutela administrativa más rápida y eficaz frente a posibles irregularidades en las adjudicaciones.
2. Sostenibilidad y Seguridad como requisitos obligatorios
La Ley 9/2025 ya no deja a elección del órgano de contratación la inclusión de criterios «verdes». Los artículos 38 y 43 obligan a fomentar:
- Requisitos ambientales y energéticos: Reducción de emisiones y eficiencia en las flotas.
- Seguridad vial: Un factor que ahora debe ser transversal en los contratos de servicios y concesiones de transporte.
3. Flexibilidad contractual y atención al usuario
La nueva norma redefine cómo se deben diseñar las licitaciones de movilidad:
- Las administraciones pueden utilizar todas las figuras contractuales de la LCSP para servicios de transporte e infraestructuras asociadas, eliminando rigideces previas.
- Es obligatorio incluir en los pliegos una evaluación específica sobre la información que se facilitará a los ciudadanos. No basta con prestar el servicio; hay que informar con transparencia y calidad.
4. Régimen Transitorio (D.T. Segunda)
Es fundamental prestar atención a la Disposición Transitoria Segunda. Los expedientes de contratación de servicios de transporte iniciados antes del 5 de diciembre de 2025 seguirán rigiéndose por la normativa anterior, pero los nuevos pliegos ya deben adaptarse a este nuevo ecosistema de movilidad sostenible.