Los contratos reservados en el contexto legal español son aquellos contratos públicos que se reservan para ciertas entidades que cumplen con requisitos específicos, como centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción. Estos contratos buscan promover la inclusión social y laboral de personas con discapacidad o en situación de exclusión social, y están regulados principalmente por la Ley de Contratos del Sector Público, que transpone las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE. Esta ley permite la reserva de contratos para centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, siempre que cumplan con ciertos requisitos, como tener un porcentaje mínimo de trabajadores discapacitados o en situación de exclusión social. La disposición adicional cuarta de esta ley establece que se fijarán porcentajes mínimos de reserva para estos contratos mediante acuerdos del Consejo de Ministros o de los órganos competentes en las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
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